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    2018-11-15

    Por otro lado, hay escasa evidencia empírica que muestre la existencia de externalidades positivas atribuibles transferases la ied en los países receptores. Como señala Rodrik (1992): “la literatura política de hoy está llena de extravagantes afirmaciones acerca de la existencia de derrames positivos de la ied, pero la evidencia es escaza” (falta página de referencia). Smarzynska (2002) sostiene: “de hecho las dificultades asociadas con desentrañar los diferentes efectos que intervienen y las limitaciones de los datos han impedido a los investigadores proporcionar evidencias concluyentes de las externalidades positivas derivadas de la inversión extranjera directa”. En lo que respecta a la situación mexicana, Romo Murillo (2005) comenta que: Pero, independientemente de los posibles beneficios de la ied, también implica costos para el país receptor. Los costos incluyen temas como la “adecuación” de la tecnología, los precios de transferencia, las prácticas monopólicas, las restricciones impuestas a las filiales, en particular con respecto a exportaciones, crowding out de los inversionistas nacionales en el mercado local de crédito, las restricciones a la investigación y desarrollo y la habilidad de la ied, una vez instalada, de manipular el régimen de política nacional en su beneficio, por mencionar algunos. Las más importantes políticas hacia las ied empleadas por Corea y Taiwán fueron las restricciones a la entrada y los límites a los porcentajes de propiedad extranjera. Se permitió, por ejemplo, la entrada de inversión extranjera directa en industrias de suministro de insumos intermedios críticos para el resto de las actividades y de tecnología sofisticada (como la refinación de petróleo) o en industrias de baja tecnología orientadas a la exportación, intensivas en mano de obra para generar divisas y puestos de trabajo (textiles, ensamble de productos electrónicos, etc.); pero no en otras industrias como las de bienes de consumo durables, orientadas al mercado interno, en las que sólo participaban empresas nacionales. En Corea hasta fines de la década de 1980 no se permitía la ied en aproximadamente 50% de las industrias y en alrededor de 20% en las manufactureras. Pero aun cuando se les permitía la entrada a ectotherms ciertas industrias, se les exigía asociarse con inversionistas locales en empresas mixtas, preferentemente con mayoría nacional; esto para facilitar la transferencia y absorción de tecnologías y habilidades de mercadotecnia, organizativas y de dirección. También se utilizaron otras medidas de política para limitar a la ied. En primer lugar, se tuvo cuidado para asegurar que se adquiriera la tecnología “correcta” en los mejores términos posibles. La tecnología que era traída por la ied se revisaba cuidadosamente para asegurar que no fuera obsoleta y que las subsidiarias locales no pagaran regalías excesivas. En segundo lugar, se tomaron medidas para maximizar los derrames tecnológicos. Se dio preferencia a los inversionistas más dispuestos a transferir tecnologías, a menos que estos estuvieran demasiado lejos en términos de las tecnologías de frontera. En tercer lugar, se establecieron estrictos requisitos de contenido local con el fin de maximizar los derrames tecnológicos de la presencia de la ied. Asimismo, se establecieron objetivos de localización para la ied con el propósito de desarrollar zonas atrasadas, siempre y cuando esta localización no limitara la competitividad futura en la industria en el país anfitrión. En el caso de industrias orientadas al mercado interno se aplicaron medidas más estrictas (Chang, 2003: 259). Limitaciones para negociar con la ied. La globalización impone límites a la autonomía política de los gobiernos nacionales. Muchos hablan de la desaparición del Estado-Nación y de cómo la globalización erosiona la soberanía de los países en desarrollo. La apertura comercial, los tratados internacionales y los crecientes flujos internacionales de capital financiero limitan la efectividad de las políticas macroeconómicas en los países en desarrollo para generar crecimiento económico (Romero, 2014). A esto se añade el poder de las empresas transnacionales que limitan la autonomía de los estados. Muchos sostienen que en esta época ya no es posible que los gobiernos de los países en desarrollo utilicen la política industrial “estratégica” (“selectiva”) para desarrollarse.