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Conclusiones El diagnóstico de la shcp sobre el papel contundente de la productividad en el crecimiento económico está sujeto buy ICG-001 muchos cuestionamientos. Además, desvía la atención sobre el problema principal de la economía mexicana, que es su excesiva dependencia del mercado externo a través del modelo de pem, el cual desde hace 15 años ha dejado de generar empleos manufactureros; centraliza sus capacidades en pocos sectores −automotriz y autopartes, maquinaria y equipo, electricidad y electrónica− y propicia, junto con las limitaciones de la agricultura de autoconsumo y ejidal, la expansión de un sector terciario altamente improductivo. Esta circunstancia, que empuja al gobierno y los empresarios a buscar competitividad vía reducciones en los costos de la mano de obra, da lugar a otro problema: las exiguas remuneraciones. Debido a ellas la masa salarial representa apenas 27% del pib, originando un mercado interno pequeño en relación no sólo con los principales socios comerciales del país, sino también con los emergentes y aquellos con menor nivel de desarrollo. Así, mientras la población ascendía en 2014 a 119.2 millones de habitantes y el pib a un billón 250 mil millones de dólares (), cantidades que lo ubicaban en los lugares 11 y 14 a nivel internacional, el pibper capita fue de apenas 1 065 dólares: lugar 71 de todas las naciones (), y su sm se situó más allá de la posición 150 dentro de los casi 200 países miembros de la oit (oit, 2016). En Japón posiblemente la medida que ha probado ser más efectiva para incrementar la productividad es el impulso a los salarios reales. China, principal competidor de México por el mercado de Estados Unidos y el propio mexicano, sigue una ruta similar. En México hay evidencias respecto a que los sm se fijan deliberadamente por abajo del punto de equilibrio que establecen las curvas de oferta y demanda del mercado laboral (no hay institución o investigador que hasta el momento se haya preocupado por medirlas y dar a conocer sus resultados). Además, dichos sm tienen una gran capacidad de irradiación hacia el resto de la estructura salarial (efecto faro), como muestran diversos trabajos, entre ellos los de Malony y Núñez (2003) y Kaplan y Pérez Arce (2006). En virtud de esto, y dado que lo mismo la que el Coneval (2015) han puesto en claro que la causa principal de desigualdad y pobreza del país son los ingresos, en especial los bajos salarios, y dentro de estos particularmente los mínimos, las autoridades encargadas de su fijación (representantes de los trabajadores, los empresarios y el gobierno ante la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos-Conasami) cuentan con un amplio radio de maniobra para mejorar las condiciones de quienes los perciben, e indirectamente del resto de asalariados. Y aunque las tres esferas han manifestado temores respecto a coprolites impulsar dicha medida con los argumentos de que aumentaría la inflación, se incrementaría la tasa de desempleo y se reduciría la productividad, la evidencia empírica tiende a mostrar lo contrario: el efecto sobre el nivel de precios sería muy bajo, incluso podría ser imperceptible (Campos, Esquivel y Santillán, 2015); el efecto sobre el empleo podría incluso ser positivo (Card y Krueger, 1993), y el efecto sobre la productividad sería positivo de acuerdo con la experiencia observada en otros países emergentes y en desarrollo con bajos niveles de sm y alta informalidad, ya que el aumento de los sm incentiva la migración de la informalidad a la formalidad. Además, es claro que la pobreza y la desigualdad se reducirían y el sm estaría más en línea con las razones que motivaron su instauración, particularmente la justicia social, hecha evidente en la Convención 131 de la oity en el párrafo cuarto del artículo 123 constitucional. Empero, dado lo largo y extenuante de las negociaciones para que se inicie una recuperación clara de los sm, más allá del control de los precios en combinación con la nueva realidad macroeconómica de México −reducción de los precios internacionales del petróleo, caída de la producción de hidrocarburos, alto nivel de endeudamiento del sector público, nula recuperación de las economías europea y japonesa, recesión en varias economías latinoamericanas, volatilidad en el crecimiento de Estados Unidos y franca desaceleración del crecimiento de China−, el gobierno del Presidente Peña dio claros signos a partir de 2015 de estar renunciando a su meta de inicios del sexenio en materia de apuntalamiento del mercado interno vía impulso a los ingresos de los asalariados. De la misma manera, un año antes había renunciado a los compromisos asumidos en el apartado 1.1 del Pacto por México (2012) en materia de ssu. Con ello, el toque social de la política económica de la shcp que tanta falta había hecho al país desde 1982 quedó reducido a lo que ya se tenía en 2012: Seguro Popular para los no derechohabientes de las dos grandes instituciones de salud, y apoyo a las familias más pobres a través de Prospera, en sustitución de Progresa. Es decir, a partir de 2014 el Ejecutivo y el Legislativo renunciaron a sus promesas de a) ofrecer un seguro de desempleo para trabajadores formales que se quedaran desocupados por razones ajenas a su voluntad; b) apoyar a personas de la tercera edad carentes de jubilación y con recursos bajos, y c) apoyar a madres jefas de familia con recursos limitados responsables de la educación de sus hijos.